Colombia se encuentra atravesando momentos muy difíciles en materia de bienestar social, situación que si bien no se originó con las secuelas producidas por el covid-19 y las subsiguientes crisis en la cadena de distribución a nivel mundial y los efectos inmediatos generados por la invasión de Rusia a Ucrania, sí se intensificaron exponencialmente a causa de estos choques externos, generando un incremento en la desigualdad económica, intensificación de la población en condición de pobreza y una pérdida de empleos que a la fecha no se han recuperado en su totalidad.
En materia de pobreza, para el 2020 nuestro país tenía cerca de 21 millones de habitantes en condición de pobreza, 3 millones más que en 2019, unas estadísticas que equivalen a un 42% de la población nacional en situación de pobreza, mientras que el 15% vivía en una condición de pobreza extrema hace dos años, frente al 9% registrado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en 2019.
Esta situación en una nación tan diversa a nivel cultural y étnica genera un desafío adicional al que sugiere a priori las cifras mencionadas, desafío que históricamente ha tenido un manejo deficiente por parte de los gobiernos nacionales, que parecen desconocer los beneficios de contar con una estructura política, al menos en teoría descentralizada.
Para corregir este error de larga data es necesario empezar a reunir la evidencia suficiente para una toma de decisiones en materia de Política Pública efectiva, esta evidencia debe proveer una fotografía amplia no solo de la precariedad económica de los colombianos, que si bien es el eje transversal en materia de calidad de vida, sino también poder entender las condiciones generadoras de bienestar al interior de las diferentes comunidades presentes en el territorio nacional.
Ahora bien, en la práctica, hacer una comparación de bienestar social con otros países puede generar una señal de alarma al encontrarnos en una posición tan desfavorable, pero, obtener la radiografía de una medición similar a nivel regional podría significar un avance significativo, que permita entender las diferentes necesidades de la población, identificarlas y generar propuestas que vayan más allá del otorgamiento de subsidios que a la larga nos llevan a una trampa de pobreza interminable y a un alto costo fiscal.
Columnista: Sebastián López Alzate
