Recursos no faltan y voluntad política y administrativa tampoco. Lo que sí no puede faltar es responsabilidad social porque cuidar el agua, evitar la contaminación y tratar correctamente la disposición de las basuras es responsabilidad de todos y no solo de los gobiernos.
Donde esta visión optimista y esperanzadora tiene una firme convicción en la realidad. Hace cuatro años, sólo 99 municipios en el país tenían incluidos los aspectos ambientales en sus planes de ordenamiento territorial. Hoy, el 65 % de ellos, en los 32 departamentos, los han incorporado con visión estratégica en sus instrumentos de planificación.
Al hacerlo, cuentan con herramientas más eficaces, no solo para asegurar el abastecimiento del recurso hídrico, sino para resolver los conflictos asociados a su uso y disponer racionalmente de fuentes atractivas para la inversión empresarial bajo condiciones de sostenibilidad y compatibilidad con el ecosistema ambiental.
En la actualidad son las propias entidades territoriales las que suman esfuerzos para darles un progresivo alcance nacional a sus comunidades locales. El mejor ejemplo lo acaban de dar los gobernadores de Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Meta y la alcaldesa de Bogotá Claudia Lopez, al firmar con los mejores deseos una alianza para garantizar la seguridad hídrica en la región central. Afianzan así las bases de modelos asociativos y colaborativos que pronto serán replicados en otras regiones.
Las claves para garantizar el éxito del modelo son cuatro: articular instrumentos de planificación y políticas regionales, emprender acciones de mitigación y adaptación dentro de cada uno de los territorios, fomentar el pacto por el aire limpio en las ciudades principales de la región central, y edificar un sistema regional de información sobre el agua en cada sector de nuestra amplia geografía nacional.
Columnista: Sebastián López Alzate
