Si bien en Colombia hay un alcance superior al 95%, el acceso efectivo a la salud está muy lejos de esos porcentajes, sobre todo en poblaciones étnicas, rurales y dispersas. En 2019 la mortalidad materna era de 46% por 100 mil nacidos vivos, pero en Amazonas, Chocó y Vaupés, estaban por encima del 100%.
Para completar, las EPS muchas veces no presentan sus redes y son evidentes las barreras administrativas en las autorizaciones para los especialistas y para muchos de los servicios, sin contar con las dificultades para la entrega de medicamentos. Todo ello provoca que tanto los diagnósticos como los tratamientos se hagan en forma tardía.
En mi opinión hay que repensar el sistema de salud en Colombia y dar garantía de independencia entre los actores, para que las responsabilidades sean complementarias y no compartidas, y así garantizar el cumplimiento de estas.
Por ejemplo, yo propondría que las EPS cumplan su papel de aseguradoras, que realicen gestión del riesgo, que sean garantes en la prestación de servicios de salud y velen en que la población afiliada esté sana, lo que no debe hacer es prestar servicios. (Integración vertical). Para hacerlo, tendrían que medir indicadores de salud a sus afiliados y con esto verificar si se está generando disminución de la morbimortalidad de las personas.
En cuanto a la prestación del servicio, debe ser integral, sin barreras administrativas, con acciones de complementación en áreas dispersas que deben suministrarse por el Estado de forma que se garantice la integralidad. Para ello son fundamentales las redes integrales e integradas de salud establecidas en la Ley 1438, pero que no se han reglamentado. Los prestadores deben organizarse y complementarse y garantizar continuidad en condiciones de equilibrio, permitiendo el desarrollo científico y el recambio tecnológico.
Las redes integradas, el fortalecimiento de la atención primaria y el fortalecimiento de la salud pública, esta última con acciones complementarias de la nación y los entes territoriales, sería la única forma de permitir el acceso y la modificación de estilos de vida y de determinantes sociales con la garantía de que se usen plenamente los recursos de prestación de servicios que sería el 92% de la unidad per cápita.
Y otra cosa fundamental es formalizar el empleo en el sector salud. En la pandemia se evidenció que no había contratación directa, muchos no tenían prestaciones sociales y no había recurso humano cualificado. Es importante estimularlos para que presten sus servicios en las zonas rurales y dispersas, donde hacen más falta.
Más allá de los debates y controversia que pueda despertar la propuesta que está impulsando el Gobierno, lo fundamental es que las personas sean el centro del Sistema y como tal tengan salud con equidad, con oportunidad y calidad.
Columnista: Sebastián López Alzate
