Fernando Ruiz Gómez, el ministro de Salud saliente, es sin dudas el ministro sobresaliente del gabinete Duque. Manejó en forma serena y equilibrada el tema de la pandemia y hoy cuando anuncia un quinto pico (ómicron B4 y B5) lo veo satisfecho. Le correspondió aprender y asimilar las dolorosas experiencias iniciales. Asumir un protocolo de manejo y pegado a este inmunizar a la población colombiana. Ajenos a los comentarios marginales, lo hizo bien y tiene la gratitud constante de la población colombiana.
La Constitución del 91 y la ley 100 de 1993 crearon una reforma estructural en el estado y por esa vía hemos caminado. Se ha buscado con ganas la cobertura universal y un plan de acceso nacional que ha impactado los indicadores de salud pública. Un cubrimiento de casi el 100% y la mejoría sostenida en los indicadores de calidad han afianzado nuestro sistema como la más importante alianza público-privada en Latinoamérica.
No tengo dudas al afirmar que el principal problema de salud es la corrupción. Todos los días y en todos los sitios aparecen columnas y noticias sobre el desfalco al sistema. Dentro del ministerio y sus organismos paralelos no existen funciones sincrónicas que permitan enviar a la cárcel a estos responsables. No busque otra razón: hay una deuda de 10 billones de pesos con clínicas y hospitales que está viva, fresquita y pidiendo desesperada que se solucione. Tratar de colocar en una cifra cuánto se pierde por la corrupción en el sistema es muy difícil: cálculos estimados indican que este desorden ocasionará alrededor de 10 billones en 2022. Las estadísticas de la economía no mienten: 4.500 el dólar, inflación del 9% y las tasas de interés cerca del 10% y con estos números en el tapete hay un llamado expedito a la sensatez y propuestas con reflexión.
Como noticia avisada desde hace varios meses llega la doctora Carolina Corcho a reemplazar al ministro Ruiz. Sabemos lo que el presidente Petro piensa sobre las EPS y como su filosofía busca un sistema público universal en donde todas se van acabando. Esta instrucción la comparte a plenitud la ministra Corcho y en los diversos foros del sector se ha expresado en términos similares o más impetuosos.
Hay varios hechos en lo que estamos de acuerdo la inmensa mayoría de los actores participantes: la diferenciación de la población según su pago, la fragmentación del sistema, la carencia de información y unos adornos en la intermediación que lo único que traen es aumento en los costos de atención. La Ley Estatutaria en Salud los definió muy bien y señaló como debían concluir. Sin lugar a duda muchas de las EPS actuales deben acabarse; sin embargo, existen algunas de loable gestión que deben ser apoyadas y estimuladas para que asuman el rol de las que están en punto final.
No suena sensato sentarse a borrar del mapa las EPS que muestran signos positivos de gestión financiera. Eliminar tanta intermediación en el sistema es un imperativo. Utilice el recurso humano en el sector y trate de organizarlo. Un porcentaje muy alto (65%) no tiene un sistema de contratación que le proporcione estabilidad o tranquilidad. No es bueno seguir a la deriva en este tema y es una prioridad reinventarlo.
Columnista: Sebastián López Alzate
