Después de los homicidios, las extorsiones son uno de los delitos que más desgasta el Estado de Derecho, la acelerada proliferación de grupos al margen de la ley en Colombia que cobran extorsión a la población no es un problema exclusivo de ciudades históricamente violentas como Medellín, sino que también está afectando a las principales capitales de la región Caribe, y Barranquilla no ha sido la excepción. Las extorsiones durante el primer semestre de 2022 han crecido un 75% si las comparamos con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, este valor para el total nacional es del 34%.
El incremento de las acciones ilegales en una sociedad se relaciona con varios factores que van desde la lucha contra los grupos al margen de la ley por el control territorial, hasta la ausencia del estado y la insolvencia institucional para garantizar la seguridad ciudadana. Las deficiencias en cobertura de seguridad se traducen en un acrecentamiento general de la impunidad.
Un estudio realizado por Fundesarrollo para el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, identificó que las fuentes de financiación de la inversión pública en seguridad y justicia en las principales ciudades del Caribe provienen de recursos muy volátiles como son los rendimientos financieros, ventas de activos, donaciones y dineros propios de las vigencias anteriores lo que dificulta a los gobiernos locales garantizar las inversiones necesarias para este fin. Además, la alta dependencia de los gobiernos territoriales a las transferencias del gobierno central, la falta de fortalecimiento de los aparatos tributarios locales y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos hacen de la seguridad un problema estructural.
El fortalecimiento del aparato judicial es indispensable para lograr disminuir la ocurrencia de acciones criminales, la reforma a la justicia es necesaria al igual que el desarrollo de una política nacional de seguridad ciudadana que se adapte a las condiciones y problemáticas regionales; que pueda contar con instancias (universidades, centros de pensamiento, sociedad civil) que se encarguen de la orientación y formulación de políticas públicas de seguridad, como del seguimiento a la información estadística delictiva y el diseño de propuestas que permitan mejorar su eficacia en el corto y largo plazo.
La organización estatal, resulta trascendental en la alineación específica de dicha política para garantizar la unidad y cohesión necesaria de su aplicación en el territorio nacional. Así mismo, es necesario fortalecer las capacidades locales para la implementación de estrategias de prevención en donde la juventud sea parte fundamental de estas iniciativas, la lógica de las políticas de seguridad debería estar diseminadas en todos los territorios y focalizadas en lugares con alta concentración de actos delincuenciales, para que el Estado en su deber constitucional pueda proteger a la sociedad en su derecho fundamental: el derecho a la vida.
Columnista: Sebastián López Alzate
