La idea de gravar las bebidas azucaradas para desestimular su consumo no representa un problema para la población nacional, sino un gran beneficio. Tras ser presentado hace unos días el proyecto de ley de reforma tributaria del Gobierno Petro, que busca recaudar cerca de 25,9 billones de pesos anuales, muchos han manifestado su desacuerdo con que les pongan impuesto a las gaseosas, energizantes, zumos, néctares de fruta y alimentos ‘ultraprocesados’ que los fabricantes comercializan con éxito a través de mentiras peligrosas como “light”, “sin azúcares añadidos”, “libre de gluten”, “libre de grasas trans” o “bajo en azúcar”, pero muchos se deben estar preguntando ¿Por qué este impuesto es tan necesario?
Según la Cuenta de Alto Costo nacional, tres de cada cien colombianos tienen diabetes mellitus, una de las principales causas de muerte en personas entre los 30 y los 70 años. El Ministerio de Salud indica que la cifra real es mucho más alta: una de cada diez personas en Colombia la padece. Aunque datos como estos puedan parecer insuficientes para los detractores de la medida tributaria enfocada en disminuir el consumo de bebidas azucaradas y en reducir los gastos del sistema de salud relacionados con su incidencia en la aparición de enfermedades crónicas, este tipo de estrategias no solo contribuyen a la instauración de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la nación, sino también al desarrollo colectivo de consciencia alimentaria.
El impuesto que propone el nuevo gobierno así sea alto, sale barato. Infartos del corazón, trombosis cerebral, amputaciones de las extremidades inferiores, deterioro de la función renal, obesidad, diversos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares podrían evitarse en el país a partir de un impuesto que no solo ayuda a regular el consumo de bebidas perjudiciales para la salud, sino también a que los productores reformulen sus productos disminuyendo las cantidades de azúcar que incluyen en su composición, y esto último no lo dice el ministro Ocampo, tampoco el presidente Petro. Lo afirma el Banco Mundial.
Como es obvio, un impuesto no va a solucionar todos los problemas que en materia de salud tiene el país. Mas sí contribuye a una reducción proporcional del consumo de los productos en cuestión, con relación al porcentaje en que aumenta su precio, tal como indica un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Políticas fiscales como esta, que impacta directamente el bienestar de la población, son necesarias. Aunque entiendo la naturaleza de los impuestos, no los aplaudo todos. Pero ello no me impide reconocer que en asuntos que comprometen la sana alimentación, entre más alto sea el impuesto, mayor será el beneficio.
Columnista : Sebastián López Alzate
